Horizonte Político

Con mayoría propia en la Cámara alta, el Frente de Todos busca darle media sanción a la iniciativa impulsada por el Presidente en una sesión que, en principio, se prevé para el jueves próximo. Pese al endurecimiento de Juntos por el Cambio, el oficialismo mantiene su defensa del proyecto que, como uno de los ejes prometidos por Fernández al inicio de su gestión, apunta a licuar la presión política sobre la Justicia Federal.

La reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional avanza en el Senado y, pese al rechazo opositor, tras obtener dictamen este miércoles, el oficialismo se prepara para debatirla en una sesión que prevé realizar el jueves de la próxima semana. Si bien, con el impulso de la marcha opositora del lunes pasado, Juntos por el Cambio le pidió al Presidente, Alberto Fernández, que retire el proyecto, el jefe de Estado mantiene el aval a su iniciativa. "No nos van a doblegar los que gritan", dijo Fernández este miércoles, en su primera aparición pública tras el "banderazo por la libertad" que la oposición impulsó a inicios de esta semana, en una señal de que busca mantener la agenda propia, pese a la postura cambiemita.

En concreto, luego de ser debatida en cinco ruedas con más de 50 expositores que se pronunciaron tanto a favor como en contra, la reforma judicial logró dictamen este miércoles, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo podría llegar al recinto de la Cámara alta el próximo 27 de agosto. Allí, el Frente de Todos cuenta con mayoría propia porque su bloque asciende a 41 de los 72 senadores que la integran, pero se prevé un trámite más difícil en Diputados, dado que, al rechazo de Juntos por el Cambio, se le suma el de un sector del lavagnismo y el de los dos diputados de la izquierda.

"Esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de Justicia de nuestro país", defendió el jefe de la bancada oficialista ante el rechazo opositor.
En la Cámara baja, el oficialismo cuenta con 119 legisladores y, para aprobar la reforma judicial, necesita 129 votos. Como el presidente de Diputados, Sergio Massa, no vota e Ignacio de Mendiguren se encuentra de licencia, el Frente de Todos necesita cosechar doce votos de otros espacios para que la iniciativa prospere. Además, deberá zanjar el debate por la continuidad de las sesiones virtuales, dado que Juntos por el Cambio reclama sesiones presenciales o mantener los debates remotos solo para temas que tengan amplio consenso.

La reforma judicial es una de las promesas que fijó el Presidente al asumir en diciembre y una de las iniciativas clave que anunció en marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El proyecto, presentado formalmente el 29 de julio, crea la Justicia Federal Penal, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, con el objetivo de limar el poder de Comodoro Py y esmerilar la capacidad de que los doce jueces que hoy lo integran puedan ser presionados por el poder político de turno. Además, plantea un desdoblamiento de secretarías, por lo que se crearán 23 nuevos tribunales, y se establecerá un sistema de subrogancias para la designación transitoria de esos jueces. También, busca traspasar las competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y fortalecer la Justicia Federal en las provincias, con la creación de nuevos juzgados y fiscalías.

Pese a que la oposición repite que el proyecto busca consagrar "la impunidad del kirchnerismo" en las causas contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la reforma no afecta el principio del juez natural, por lo que las investigaciones en curso continuarán a cargo de los mismos magistrados que hasta el momento.

El dictamen alcanzado ayer incluye una serie de modificaciones que el Frente de Todos implementó en el proyecto inicial, aunque la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnun, aseguró que se preserva "el objetivo central del proyecto". Entre los cambios implementados a la iniciativa original, se cuenta el otorgamiento de mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. “Este proyecto no llegó cerrado al Senado, sino para que pudiéramos discutirlo e introducirle aquellas reformas que entendemos que podían hacerlo mejor y enriquecerlo”, defendió la legisladora.

No obstante, en el debate en comisiones, las tensiones con la oposición se hicieron evidentes. El presidente de la bancada oficialista, el senador José Mayans, acusó a Juntos por el Cambio de utilizar la “especulación política” para no acompañar el proyecto y dijo que no perdía “la esperanza de que la oposición cambie su actitud”. “Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo y es necesario y oportuno tratar este tema porque el año que viene es electoral. Esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de Justicia de nuestro país”, cerró su intervención.

En tanto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reiteró el rechazo expresado formalmente el martes, en una carta firmada por dirigentes cambiemitas tras mantener una videoconferencia con el expresidente Mauricio Macri desde Suiza, y planteó que "la Justicia se reforma en interés de la política”.

"Lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante”, agregó el senador opositor e hizo alusión a la movilización del lunes pasado al considerar que “la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena”. "Escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien. La gran reforma de la Justicia penal la firma en soledad el oficialismo”, criticó.