Horizonte Político

El último viernes se conoció la sentencia para ocho detenidos que, tras una investigación a partir de la denuncia del Gobierno de Morón, recibieron condenas por correr picadas. Los condenados recibieron penas de seis meses a tres años de prisión y les fueron incautadas sus licencias de conducir y los vehículos utilizados.

Tras una exhaustiva investigación que comenzó en agosto de 2016, y que estuvo a cargo del fiscal de la UFI 5 de Morón, Patricio Pagani, la Justicia condenó a ocho imputados. Esta investigación surgió a partir de una denuncia que el Gobierno de Morón realizó por las picadas, e instantáneamente la Fiscalía y la Policía Provincial comenzaron a revisar filmaciones de las cámaras de seguridad del Municipio y de comercios, para encontrar a los involucrados.

Las grabaciones de las cámaras ayudaron a reconocer las patentes de cada auto, y tras diversos allanamientos se encontraron a los implicados y a los autos que estaban preparados para competir en estas carreras ilegales. Ante la contundencia de estas pruebas, la fiscalía le presentó a la Jueza Graciela Angriman, del Juzgado Correcional Nro 5, un juicio abreviado que derivó en penas de seis meses a tres años para los imputados, además de la retención de las licencias de conducir y la fiscalización de todos los vehículos implicados, que ahora son parte del patrimonio fiscal de la Provincia.

Sobre el tema, Bernardo Magistocchi, Secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, explicó: “Por indicación del Intendente Tagliaferro desde nuestro Centro de Monitoreo siempre que visualizamos vehículos involucrados en picadas judicializamos el material para que la Justicia sea muy estricta. Los que corren picadas representan un peligro para nuestros vecinos. Este es un fallo histórico”.

La UFI N° 5 está a cargo del Dr. Claudio Oviedo. Este fallo sienta un antecedente histórico en el accionar del Estado y el fallo por parte de la Justicia, tanto sea en condenar las picadas ilegales como así también la inhabilitación de los conductores para manejar y la expropiación de sus vehículos para que pasen a ser patrimonio público.