Horizonte Político

El asesinato de Leandro Alcaraz, el chofer ultimado de un disparo cuando manejaba el interno 130 de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, colocó en el centro de discusión la seguridad en el distrito.
Por Verónica Bustos

El crimen ocurrió cerca de las 18.00 del domingo 15 de abril en el barrio San Pedro de la localidad de Virrey del Pino cuando uno de los dos detenidos subió en la localidad de San Justo y tras una discusión por querer viajar sin la tarjeta SUBE, llamó a su cómplice para que le lleve un arma ("el fierro", según declaró un testigo), algo que habría sucedido minutos después. Pero esta no fue la única muerte por inseguridad que se vivió en el distrito. Ese día también murió un policía como consecuencia de un asalto.
Las responsabilidades políticas
Que dijeron desde el municipio
El 17 de abril, mientras se desarrollaba el funeral, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, brindó una conferencia de prensa y deslindó responsabilidades. "La seguridad es responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal”, aseguró. Y pidió el traspaso de la policía local, pero con fondos y recursos económicos, como ocurrió con el traspaso de la policía federal en la ciudad de Buenos Aires. "No podemos hacernos cargo porque la tiene a cargo la señora gobernadora", insistió.
Magario ratificó sus acusaciones de que la Provincia no le envía los efectivos necesarios para combatir la inseguridad y remarcó en todo momento que la crisis que se registra en el distrito es "responsabilidad de Vidal".
"Los intendentes no tenemos responsabilidad", dijo la jefa comunal. Además, consideró que "si las cámaras hubieran estado colocadas en el colectivo "tal vez Alcaraz (la víctima) estaría vivo".
Que dijeron desde la provincia
"No se puede politizar un hecho como este. Le voy a decir a los bonaerenses y a los matanceros que, de lo que pasó el domingo, y de esa pelea contra la inseguridad, voy a seguir estando. Y me hago cargo y responsable. La seguridad es responsabilidad de todos los que gobernamos, más allá de las leyes", aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal.
Un rato más tarde, la mandataria provincial elevó el tono de las respuestas. "Mientras alguien murió, esto no puede ser una pelea entre políticos". Luego, sobre los dichos de Magario, que comentó que "si las cámaras hubieran estado colocadas en el colectivo tal vez Alcaraz estaría vivo", Vidal sostuvo: "Hice lo que creí que tenía que hacer". "Ni haciendo conferencias de prensa ni fotos con ninguna familia de víctimas; tenía que estar dando respuestas y trabajando y eso es lo que voy a seguir haciendo", enfatizó en un reportaje en A24. Seguidamente especificó que se reunió con empresarios del transporte para interiorizarse sobre qué había pasado con las cámaras. Ahí ordenó una línea de créditos blandos para que puedan instalar el equipamiento en sus unidades.

Que dijeron desde la nación
"Les pedimos a los intendentes que sean parte de la solución", fue la respuesta del Gobierno nacional a Verónica Magario. Así lo planteó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que le pidió a la intendenta de La Matanza sentarse en la misma mesa y no pelearse. "Debemos trabajar juntos en equipo", reclamó la funcionaria.
"Le pido a Magario que nos pongamos a pensar, nos sentemos en la misma mesa y no nos peleemos. Debemos trabajar juntos en equipo para mejorar, invertir mejor el dinero y solucionar el problema de la gente. Necesitamos al intendente porque es el que conoce el territorio. Queremos trabajar junto con ellos, les pedimos que sean parte de la solución", dijo la ministra de Seguridad.
Las cifras
La intendenta Verónica Magario reiteró que “en el municipio operan 4200 policías más 150 gendarmes y debería haber 7000 policías y 1200 gendarmes”. La jefa comunal fue enfática en su conclusión sobre la discriminación que sufre La Matanza en materia de seguridad.
Claro que son pocos los agentes para un municipio de dos millones de habitantes, pero también es cierto que la inseguridad en La Matanza no comenzó los últimos dos años. Son muchos los muertos que engrosan a diario las estadísticas del distrito y lo vienen haciendo hace más de una década. No solo la política es responsable por inacción u omisión, el poder judicial del distrito no es ajeno a dicha responsabilidad.
El reclamo es uno y es tiempo de que los tres poderes del estado sobrepongan sus diferencias políticas y dictaminen la emergencia en seguridad. Porque la próxima víctima puede ser usted.