Horizonte Político

El canciller Héctor Timerman afirmó que "la Argentina carece de información sobre el proyecto" de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, y sostuvo: "No la vamos a convalidar y haremos las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa que viola el medio ambiente y el derecho internacional".





"Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Estamos evaluando presentaciones judiciales nacionales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento", dijo el canciller en una conferencia de prensa que tuvo lugar este mediodía en el Palacio San Martín.



Agregó que "Argentina está decidida a actuar contra las empresas Copra, de José Aranda, y Adeco Agro, de George Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia".



El canciller se refería a la Represa Ayuí Grande, que proyectan construir las empresas Copra, de José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y el financista estadounidense George Soros, a través de su empresa Adeco Agro.



El titular de la cartera diplomática informó en este marco que se comunicó esta mañana con su par uruguayo, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la situación y para adelantarle que "en los próximos días" viajará a Montevideo "para hablar sobre el tema".



En forma paralela, envió una carta con su firma al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, pidiendo información sobre el emprendimiento que permita "empezar a estudiar su impacto medioambiental".



Según dijo, "hasta el momento y pese a los tres pedidos elevados por la Secretaría de Medio Ambiente, Corrientes no ha entregado material sobre el proyecto".



"Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante para defender el Tratado (del Río Uruguay) y consideramos que la defensa que hicimos del Medio Ambiente tiene que ser un ejemplo no solamente de lo que le exigimos a Uruguay sino de lo que estamos dispuestos a hacer nosotros", señaló el canciller.



Además de estas comunicaciones, el representante argentino ante la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) "envió hoy una carta" a ese organismo "poniendo a su disposición la información con que cuenta Argentina y la cooperación argentina", según puntualizó Timerman.



La zona afectada por la construcción del emprendimiento es de 8.000 hectáreas (mitad de la Capital Federal), que van a ser inundadas con el único fin de proveer de agua a 17.000 hectáreas de arrozales.



La Secretaría de Medio Ambiente ya pidió información sobre esta represa en tres oportunidades, la primera el 3 de septiembre del 2008 y la última "hace unos meses", de acuerdo a lo reseñado por el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.



Timerman confió en que tras la carta enviada a Colombi ayer, el gobernador impida el avance en la construcción de la obra "e imponga un tiempo de espera" hasta que reciban y analicen la información sobre el eventual daño ambiental.



El canciller dijo también que se está actuando "de oficio" y que se decidió hacer hoy la denuncia pública "porque se está a pocas semanas del comienzo de la obra".



"A diferencia de una empresa industrial, el impacto en este caso está dado por la sola construcción de la represa", dijo el canciller para dimensionar la magnitud de la denuncia.



Finalmente, Timerman dijo que "Argentina va a actuar con todo el rigor que requiere el Tratado del Río Uruguay", y agregó que no se esperó la llegada de "ninguna denuncia de parte de Uruguay", sino que es Argentina la que "está brindando toda la información a Uruguay".



"No se olviden que esto lo hacemos para protección del Medio Ambiente de la gente que vive en Corrientes y en toda la cuenca del Río Uruguay", concluyó. El proyecto empresarial Ayuí Grande busca construir una represa sobre el arroyo Ayuí, en Mercedes, provincia de Corrientes, para proveer de agua a tierras destinadas al cultivo de arroz.



El 9 de diciembre del 2009 el entonces gobernador de Corrientes Arturo Colombi firmó un decreto habilitando a los empresarios a desforestar un área protegida.



La Justicia declaró "inconstitucional" el decreto pero pocos meses más tarde, durante el actual gobierno de Ricardo Colombi, la Legislatura correntina aprobó la ley de ordenamiento territorial de bosques, que es copia exacta del decreto anulado, según denuncian los ambientalistas que denunciaron la construcción de esta represa.