Horizonte Político

La idea es avanzar en proyectos como la moratoria impositiva, la ampliación presupuestaria o la emergencia del sector turístico. Vicentin, reforma judicial e impuesto a las grandes fortunas, por ahora fuera de la agenda.

La Cámara de Diputados buscará en las próximas semanas avanzar con el debate de temas consensuados o que no presenten grandes diferencias entre los bloques, en el marco de la continuidad de las sesiones mixtas, que se desarrollarán desde ahora con más medidas de prevención, tras los contagios de tres de los legisladores que asistieron al último plenario.

El oficialismo tiene la idea de avanzar en el tratamiento de proyectos como el de moratoria impositiva o el de ampliación presupuestaria, que en los próximos días serían remitidos por el Poder Ejecutivo al Parlamento, confiaron fuentes del Frente de Todos.

La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, aceptaría debatir estas dos iniciativas, aunque también pide que se pongan en agenda los proyectos de emergencia del sector turístico, los que den herramientas a las pymes en el marco de la emergencia y el que da alcance nacional a la tarjeta SUBE.

En el cronograma pensado para julio, los principales referentes legislativos prevén dos sesiones para debatir proyectos y, posiblemente, una tercera para recibir el informe del Jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, que el mes pasado se presentó ante el Senado.Si bien no se plasmó por escrito, el jueves pasado en la reunión del titular de la Cámara, Sergio Massa, con los presidentes de bloque, se manifestó la intención de no incluir temas que generan mucha controversia para ser puestos a votación por un sistema de trabajo que aún presenta algunas debilidades.

En la última sesión -el jueves 25 de junio- el propio Massa advirtió a la empresa encargada de llevar adelante el sistema telématico (Cisco) que apuntale algunas cuestiones para evitar la caída parcial del sistema, que se registró dos veces en esa jornada.

El sistema está preparado para funcionar entre 6 y 8 horas debido a la gran cantidad de usuarios conectados (los 257 diputados, más los empleados y funcionarios necesarios para llevar adelante la sesión) y la extensión de los debates, que son muy difíciles de programar en cuanto a su duración por la dinámica misma del parlamento.

Con este escenario, el debate de los proyectos referidos a la cerealera Vicentin, ya sea el de la cuestión de fondo o el que crea una comisión bicameral para investigar su accionar; el de reforma judicial o el que crea un impuesto especial y por única vez a las grandes fortunas, aparecen por ahora fuera de la agenda inmediata.

Los contagios de tres de los 47 diputados que participaron desde el recinto en la última sesión (el radical Miguel Bazze, el macrista Julio Sahad y el oficialista Carlos Selva) sumaron otro elemento para descartar la posibilidades de realizar las sesiones en el formato tradicional.

Medidas de distanciamiento y nuevo protocolo del sistema telemático

En este sentido, para las próximas sesiones se tomarán mayores recaudos: controlar mejor la distancia entre los diputados, factor que a veces se iba relajando ante la extensión de las sesiones; que estén permanentemente con el barbijo puesto y que sólo se lo quiten cuando tengan que exponer; y menor circulación y concentración de asesores durante el plenario.

Más allá de esto, durante la última semana fue arduo el trabajo de los presidentes de las bancadas que integran Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferrao (Coalición Cívica), para contener a los integrantes de esos espacios que renuevan cada día sus pedidos para que vuelvan las sesiones presenciales.

Por lo pronto, hasta que se avale la renovación del protocolo que habilita el sistema telemático (vencido el viernes 26), se buscará realizar sesiones informativas para ir poniendo los proyectos en debate sobre la mesas de cada una de las comisiones pertinentes.

De darse estas reuniones de comisión y las posibles tres sesiones mencionadas, el de este año sería un mes de julio atípico para la actividad de la Cámara baja, que por lo general suele tener una merma en su labor por las tres semanas -escalonadas según las provincias- de vacaciones de invierno.