Horizonte Político

El Gobierno logró aprobar la ley que baja las jubilaciones a los jueces y diplomáticos en una acalorada sesión que empezó con el quórum justo y la ayuda clave de Daniel Scioli, que pese a haber sido designado embajador en Brasil asistió a su banca y permitió llegar a 129.
Cambiemos se retiró y a través de su jefe Mario Negri anticipó que denunciará en la justicia la legalidad de la sesión.

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial y del cuerpo diplomático. El texto obtuvo 128 votos afirmativos y dos abstenciones y ahora será girado al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto de ley logró dictamen favorable ayer en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, donde participaron y expusieron ministros, funcionarios y representantes del Poder Judicial.

Con quórum de 129 diputados, la sesión especial comenzó a las 12.58. Los legisladores María Cristina Britez (Frente de Todos) y Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) izaron la bandera nacional en el recinto.

Al inicio de la sesión, juraron como diputadas nacionales Liliana Schwindt (Frente de Todos) y Adriana Cáceres (PRO), en reemplazo de Daniel Arroyo y Guillermo Montenegro, quienes ocupan los cargos de ministro de Desarrollo Social de la Nación e Intendente de General Pueyrredón, respectivamente.

A la hora de comenzar el debate del proyecto, el miembro informante del oficialismo fue el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos). Casaretto explicó el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y detalló los cambios y modificaciones que incluyeron dentro del mismo.

“Hay una situación de desigualdad que no es nueva y que se va profundizando año a año”, señaló Casaretto, para luego remarcar que “es una decisión de nuestro gobierno abordar el tema desde un concepto de solidaridad y redistribuyendo el ingreso”.

Asimismo, Casaretto dijo que se deben “limitar estos regímenes especiales, poniéndole un techo”. “Estimamos que bajaría el desfinanciamiento en un 40% y eso permitiría contar con más recursos para el resto de los sectores”, señaló.

Desde el mismo bloque, la diputada Rosana Bertone resaltó que “el proyecto cuida especialmente que no se afecten derechos adquiridos, al tiempo que garantiza que las modificaciones no afecten la razonabilidad de los haberes futuros”.

Al presentar el dictamen de minoría, el diputado Nicolás Del Caño, desde el PTS-Frente de Izquierda, cuestionó que con este proyecto los jueces “van a seguir manteniendo los privilegios”. “Todos los funcionarios deberían cobrar lo mismo que un docente, para que se terminen los beneficios de la casta política”, criticó.

En la misma línea, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, expresó que “se está defendiendo el poder especial de los jueces, principalmente a aquellos que tienen la función de ser los custodios de todo el orden de explotación capitalista en nuestro país”.

El diputado José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, opinó luego que “siguen habiendo privilegiados que no se tocan, como por ejemplo ex presidentes, ex vicepresidentes, miembros de la Corte Suprema de la Nación, que van a contramano de lo que pide a gritos la sociedad”.

En desacuerdo con la manera en que el oficialismo logró el quórum, los diputados de Juntos por el Cambio abandonaron el recinto y no participaron del debate. Denunciaron la “invalidez” de la sesión por la presencia del diputado Daniel Scioli, propuesto embajador en Brasil.

Al respecto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller afirmó que “hubo una manifiesta actitud del bloque Juntos por el Cambio de hacer fracasar la sesión”.

“Estamos frente a una maniobra burda de querer utilizar cuestiones formales sobre el diputado Scioli para tratar de invalidar algo que se ha constituido de pleno derecho, siendo un ataque grosero a la calidad institucional”, concluyó.