Horizonte Político

Con el quórum del oficialismo, dada la decisión de juntos por el cambio de abandonar la reunión de la comisión de asuntos constitucionales, el proyecto presentado por el senador por neuquén, oscar parrilli (fdt) pasó a la firma digital. más temprano y con el pronunciamiento de apoyo de todos los bloques se avanzó en el dictamen para otorgar jerarquía constitucional a la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) se reunió esta tarde de manera remota para debatir varias iniciativas. Tras ser tratados, los dictámenes correspondientes pasaron a la firma digital de los miembros de la Comisión.




La reunión comenzó a las 14hs con el tratamiento de tres expedientes que proponían otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015. Las propuestas fueron realizadas por la senadora por La Pampa, Norma Durango, la senadora por Buenos Aires, Gladys Esther González (Cambiemos) y la senadora mandato cumplido por Tierra del Fuego, Miriam Ruth Boyadjian (2015- 2019).




La senadora Durango, en calidad de invitada a la comisión y autora de uno de los proyectos destacó que "la pandemia nos ha cambiado a todos y las principales muertes del covid 19 son justamente las personas mayores". "Desde la Convención Interamericana sobre Protección de las personas Mayores se enarbola la bandera de la autonomía personal, derecho a una vida independiente y al consentimiento informado", afirmó.




Durango explicó que "la Convención, cuenta con 40 artículos y tiene carácter vinculante, los Estados firmantes deben promover, proteger y asegurar el goce y ejercicios de derechos".




Luego la senadora González destacó "esto significa un avance en la igualdad de derechos de las personas mayores". Recordó cuando era diputada "entendíamos que hacía falta una norma de estas características. Cuando en 2015 se aprobó esta Convención Interamericana sentí que se había plasmado el trabajo de todos los legisladores con quienes por entonces habíamos abordado este tema".




El senador por Catamarca, Dalmacio Mera apoyó la iniciativa al considerar que "es muy oportuna, venimos escuchando desde que comenzó la pandemia que hay quienes piensan sacrificar la vida de algunos por un beneficio económico. Es una alegría poder acompañar estos proyectos y espero que tengan dictamen".




Tras el debate que contó con el apoyo de todos los miembros de la comisión, el dictamen fue pasado a la firma digital de los miembros de la Comisión.

Luego y con la presentación del autor del proyecto, el senador por Neuquén,Oscar Parrilli (Frente de Todos), comenzó el tratamiento de la iniciativa que propone la creación de una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran haber existido en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible "defraudación y estafa comercial a los acreedores".




Parrilli explicó que "este proyecto para crear esta comisión investigadora obedece a los hechos que se conocieron a raíz de una denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, con respeto a sus autoridades anteriores, en torno a un crédito irregular y perjudicial".




"Pretendemos con este proyecto conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante por parte del Banco, cuáles fueron los controles de BCRA y las actitudes de la empresa que estaban llevando adelante una maniobra lesiva a los intereses del Banco Nación", destacó Parrilli.




"También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero y sobre subfacturaciones de exportaciones", agregó.

El senador consideró que "una de las responsabilidades" del Poder Legislativo "es velar por los intereses de los recursos del Estado" ya que "esta empresa violentó y perjudicó los intereses del estado argentino".




Asimismo detalló que "han existido a lo largo de la historia otras comisiones en el Congreso que se crearon con fines puntuales" como por ejemplo la reciente bicameral sobre el pago y seguimiento de la deuda externa".




Luego, la senadora nacional por Córdoba, Laura Elena Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), en representación de su bloque, leyó una nota mostrando el rechazo de tratar dicho proyecto. "Consideramos que hay una causa sobre esto y no se entiende la razón por la cual el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción en lugar de cooperar con el juez competente". "Es un nuevo avance de un poder sobre otro, lesionando el principio de división de poderes", marcó la senadora.




Posteriormente, Machado anunció la decisión del bloque de abandonar la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "Nos vamos a retirar y les pedimos que se chequee si hay quórum en la comisión antes de despachar dictamen".




En tanto, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) defendió que "el Congreso tiene plenas facultades para crear una comisión para ocuparse de la que quizás sea la mayor estafa que pudo haber sufrido el Estado nacional en lo que habría incurrido el Grupo Vicentín".




La senadora explicó que el "Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantías con la cantidad de requerimientos que debe presentar una pyme para pedir un préstamo a un banco".




El proyecto propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible "defraudación y estafa comercial a acreedores".




La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por "incumplimiento en sus obligaciones de control".




En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, "ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas".




La Bicameral debería investigar la posible "defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años".




La Comisión "deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias".




Por último, fueron tratados varios proyectos de declaración. En primer lugar los proyectos para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.