Horizonte Político

En una nueva reunión informativa, empresas, asociaciones, ONG's y distintos sectores expusieron ante un plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales.

En primer lugar, desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Víctor Castro se refirió al proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, y en ese sentido se expresó a favor del “marco normativo, ya que alienta el desarrollo del mercado”, aunque manifestó su postura en contra de “la suba de retenciones de soja”.

En otro sentido, Silvina Campos Carles de la Confederación Inter cooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), hizo hincapié en los “derechos de exportación en las economías regionales”, y planteó algunas consideraciones: “Un único nivel de derecho de exportación para todas las cadenas de valor nos parece que restringe la competitividad de las cadenas”.

A través de una presentación virtual, el referente de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Gabriel Pablo Marcolongo, manifestó el apoyo a la Ley al indicar: “Acompañamos esta agenda de transformaciones para que trabajar en Argentina sea mejor y más simple”.

En la misma línea, Sonia Carla Escuder, de la Unión Industrial Pyme afirmó: “Apoyamos la desregulación y la simplificación del Estado”.

Luego, el secretario gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de la zona del Paraná, Carlos Matías Velo, enfatizó: “No comprendo la razón por la que este gobierno busca privatizar una empresa tan eficiente, tanto a nivel económico como de desarrollo”.

Por otra parte, Juan Speroni, representante de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), rechazó la norma al sostener que “afecta el trabajo de todos los argentinos”.

Por su parte, el representante de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, explicó que “representan a más de 45 mil trabajadores de la pesca argentina”, por lo cual consideró que “toda modificación y/o derogación de artículos, contenidos en la Ley, afecta a esa economía en el sentido exportador”, al opinar que “los marcos regulatorios actuales funcionan bien”.

Como referente de la organización civil “Coalición por la Educación”, Guillermina Tiramonti, marcó algunas objeciones a la Ley pero se posicionó a favor de “implementar un programa de alfabetización docente”, así como también apoyó “la cultura de la evaluación”.

Luego, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Mario González, subrayó que “necesitamos exportar más y seguir dando valor agregado”, al contemplar que “no se puede grabar una economía regional con tantas complicaciones, con un impuesto más”.

Además, desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), José Candiota, avaló la Ley y resaltó: “Estamos de acuerdo con la libertad de mercado porque creo que es lo conveniente, cuando fue controlada por los gobiernos de turno los precios no sirvieron y a nosotros nos complicaba”.

En otro aspecto, en representación de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el director de cine, Santiago Mitre, expresó: "La Ley de cine propicia, fomenta y sostiene al cine nacional". "Las películas argentinas son reconocidas en todo el mundo, se exportan a todo el mundo, generan divisas y trabajo de calidad". ¿Para qué queremos destruir eso?, se preguntó y aclaró es un "organismo autárquico, que se autoabastece y autofinancia, por eso, no requiere Presupuesto Nacional".

Luego, Guillermo Herthfart de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), respaldó la norma impulsada por el Poder Ejecutivo, al sostener que “nosotros no pedimos que nos saquen impuestos, sino que nos dejen exportar”. Además, cuestionó que “todas las regulaciones que existieron les han complicado su trabajo”.

En otro orden, Ariel Rey (Movimiento empresarial anti bloqueo -MEAB) se refirió a los bloqueos sindicales al resaltar que “bloquear es delito”, al tiempo que enfatizó: “Apoyamos la reforma”.

En otro sentido, el presidente de la Cámara de Desarrollistas, Profesionales y Afines de la construcción de Pequeñas y Medianas empresas (CADEPYME), Federico Novaira, manifestó el “apoyo al DNU y a la Ley Bases”, al señalar que “el sector privado es la gran oportunidad que tiene el país para generar empleo de calidad”. Y a modo de ejemplo, puntualizó: “Los planes sociales deben convertirse en empleo de calidad y privado”. “Avancemos en este proyecto para tener un nuevo rumbo en Argentina”, bregó.

En tanto, Héctor Daer, secretario General- Sanidad Confederación General del Trabajo (CGT), consideró que la ley se “fundamenta en falacias como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los sentidos”. Las delegaciones de facultades “es algo nunca visto en la Argentina y se plantea la privatización de todas las empresas públicas, dejando de lado la capacidad de Argentina en términos de desarrollo”, dijo. Además de denunciar el capítulo de reforma laboral y el artículo 654 que ratifica el DNU 70/2023 presentado el 20 de diciembre al que definió como “ilegal e inconstitucional”.

Marcelo Federici, secretario de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (FECOVITA) que nuclea 29 cooperativas pidió que no se aplique el 8% de arancel de exportación porque “creemos que es muy nocivo debido a que hay un alto porcentaje del valor agregado en este sector- por eso- termina afectando en un porcentaje mayor a la industria”. “Nos deja afuera de la competitividad y desaparecerían los pequeños productores”, aseveró.

Asimismo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginevra se mostró a favor de la norma “en los últimos años el mercado de alquileres se destruyó y disminuyó la oferta. Alquilar se ha vuelto menos difícil gracias al DNU vigente recientemente”, explicó y aseguró que “es el primer paso, estamos satisfechos y convencidos” pero “debemos profundizar el acceso a la vivienda y en un marco jurídico que brinde seguridad jurídica y previsibilidad a los privados que somos los que verdaderamente generamos riqueza en nuestro país”.

Adrián Canteros, miembro de la Asociación de Inquilinos Argentina, consideró que la ley “legaliza los abusos que sufrimos hace muchos años”. El estado tiene que tener una intervención más audaz en garantizar el acceso al alquiler a la vivienda. Deja en un estado de abandono total a los inquilinos” expresó luego de pedir “razonabilidad” para los 10 millones de inquilinos.


Además, participaron del Plenario de comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales que presiden los diputados, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), respectivamente: Agrupación de mujeres “Pan y Rosas”; Federación sindical de Profesionales de la salud de la R. A (FESPROSA); Agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores para el Crecimiento Argentino y Caicha - Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (PEP); Empresa Café Martínez; Asociación de Emprendedores; Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba; Intercámara de la Industria Pesquera de la Argentina; Productores audiovisuales (CAPAC); Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores: Consumidores Libres; Cámara Argentina de la Alfalfa; Red de Bancos de Alimentos; Turismo; Asociación civil Acción colectiva en Salud mental comunitaria; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Sociedad argentina de gestión de actores e intérpretes (SAGAI); Cámara de libreros independientes y CEMUPRO; CTA autónoma; representantes del feminismo.

También se presentaron en el debate: Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA); Ingenios Azucareros; Deportes; Ciencia; Actrices Argentinas / Unidxs por la cultura; Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); Cámara Argentina de la industria del Chacinados y afines; CTA de los trabajadores; UTEP; Jubilados; Farmacéuticos; Jóvenes por el clima; Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD); Asociación argentina de Abogados Ambientalistas/Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial; Medicamentos genéricos (CAPGEN); Cultura; Derechos Humanos; Instituto Nacional de la Yerba Mate; Organizaciones de los Chicos del Pueblo (NIÑEZ); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); Cámara Argentina de Fintech; Cámara de malteras y cebadas - Cervecería artesanal; Cámara argentina de Empresas de Nutrición Animal; Ileana Celotto, secretaria General de UBA-AGD (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires); Alfredo Alfonso, rector Universidad Nacional de Quilmes; y Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).