Horizonte Político

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los Diputados Hernán Berisso; Jorge Enríquez; Graciela Lena; Héctor Stefani; Gerardo Cipolini; Estela Regidor; Alicia Terada; Lidia Ines Ascarate y Gonzalo del Cerro propone establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente, y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos bajo el Programa Nacional de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción.

Asseff explica que “dicho programa busca proteger los recursos dando cumplimiento a las reglas sobre ética e integridad, por este proyecto de ley, basado en los lineamientos de la Organización de los Estados Americanos busca adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial, estableciendo mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción”.

Para el titular del Partido UNIR “Estas medidas de protección están orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo”.

El Diputado de JxC dice al respecto de su proyecto “que puede terminar con las lagunas del derecho y a establecer un panorama claro en defensa de aquellas personas que toman la iniciativa de denunciar actos de corrupción. El Estado debe garantizar la integridad absoluta de todo ciudadano que busca afrontar un flagelo enorme que atenta contra nuestra democracia y las instituciones como es la corrupción. Asimismo, debe alentar a poner en conocimiento de las autoridades competentes, hechos ilegales e ilegítimos”.

“Un sistema jurídico republicano, regularmente constituido bajo un estado de derecho, debe contar con las herramientas adecuadas para otorgar el marco completamente adecuado para luchar contra la corrupción”. Concluye Asseff.