Horizonte Político

Legisladores del oficialismo y de la oposición celebraron la aprobación de la reforma al régimen de adopciones de la provincia de Buenos Aires, que prevé agilizar los trámites en los juzgados de menores.



El proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad el jueves pasado en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado, modifica los trámites que se exigen en territorio bonaerense para obtener una adopción.



La diputada Natalia Gradaschi, presidente de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer, expresó que “fue una gran experiencia participativa”.



“Abrimos el camino para que cinco mil chicos institucionalizados y unas 17.600 parejas inscriptas en el Registro de Aspirantes puedan conformar una familia, con mayor claridad y celeridad en sus procedimientos”, opinó la legisladora de la Coalición Cívica.



En tanto, Juan De Jesús, diputado del Frente para la Victoria, destacó que “hubo un amplio consenso y amplia madurez para percibir un reclamo largamente esperado, porque hay una cantidad importante de chicos que necesitan tener una familia y es un derecho que le asiste”.



Destacó la necesidad de “reconocer el derecho que tienen los chicos a tener una familia ya que el que amerita el derecho es el niño: no es darle a un papá un niño sino darle a un niño una familia”.



En igual sentido, el diputado del PRO Julio Garro consideró la ley permitirá “que se pene a los padres que le oculten la identidad a sus hijos adoptados” y aseguró que con la norma “se mejorará el sistema de registro de niñas y niños, para que adoptar no siga siendo un karma”.



Sostuvo que “el proyecto establece como objetivo principal el interés superior del niño, eje y centro de cualquier actuación administrativa y judicial por sobre cualquier derecho que tengan las familias adoptantes”.



La iniciativa establece como objetivo principal el interés superior del niño, eje y centro de cualquier actuación administrativa y judicial, por sobre cualquier derecho que tengan las familias adoptantes.



También establece una serie de procedimientos para determinar si los menores se encuentran o no en estado de adoptabilidad, y reduce a tres semanas el otorgamiento de una guarda provisoria. En un plazo de 10 días, el magistrado deberá resolver si restituye al niño a su familia o decide su adopción.