Represa Ayuí, repercusiones
- 2011-08-26 17:20:56
Tras la resolución de la Secretaría de Ambiente publicada ayer en el Boletín Oficial que
establece que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande”
resultan incompatibles con la Ley General del Ambiente, distintas
organizaciones ecologistas se pronunciaron de manera favorable y
expresaron su beneplácito.
Emilio Spataro, de la Organización Ecologista Guardianes del
Iberá, expresó que la resolución “se expresa en sintonía a la
política asumida por el gobierno nacional en 2010 cuando solicitó
la paralización de las obras ante la Corte Suprema Nacional”.
“La Corte reconoció la competencia de la Nación y el Estado
hizo uso de su competencia”, afirmó el ecologista, al tiempo que
reconoció que “ésta resolución viene a poner las cosas en su lugar:
no se puede destruir el medio ambiente para favorecer a empresas,
los recursos deber ser usados sustentablemente para el beneficio de
todos y no de unos pocos”.
La secretaría de Ambiente nacional determinó que el proyecto
productivo Ayuí Grande, que impulsa en Corrientes la construcción
de una represa que modifica cursos de agua resulta incompatible
"con los presupuestos mínimos de protección ambiental de los
Bosques Nativos y con las obligaciones asumidas por la República
Argentina en el Estatuto del Río Uruguay".
“Esto demuestra que todo lo actuado en el Iberá fue tenido en
cuenta, y es una enorme satisfacción para las comunidades iberenias
afectadas por estas obras ilegales”, concluyó Spataro.
En el mismo sentido opinó el presidente de la Fundación
Iberá, Enrique Lacour, quien reiteró que la construcción de la
represa es “ilegal”.
Por su parte, Aníbal Parera, biólogo asesor de la Fundación
Reserva del Iberá, expresó: “ahora ofrecen un contundente dictamen
de incompatibilidad con leyes nacionales y tratados
internacionales; como así también sobre la impropia e ilegal
interpretación que la provincia de Corrientes hizo de la Ley
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, dibujando una
reglamentación provincial a medida de ciertos intereses”.
“El informe de la secretaría de ambiente nacional descuartiza
las evaluaciones de impacto ambiental y los supuestos planes de
mitigación de los empresarios”, concluyó el ambientalista.(Télam).-
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