Horizonte Político

Congreso El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente, serán los encargados de abrir este martes el debate sobre la nueva ley de Inteligencia anunciada por el Gobierno, durante un plenario de comisiones del Senado. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, quien presidirá la audiencia, informó a Télam que la discusión continuará el miércoles cuando fueron citados miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos invitados por la oposición.El objetivo del oficialismo es emitir dictamen ese mismo miércoles para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados."Esta reforma apunta a dar un nuevo marco jurídico, no hace falta estar seis meses discutiendo", opinó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y fustigó a quienes sostienen que la iniciativa se presentó para "tapar" la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.También mencionó "la resistencia de sectores enquistados en el seno de Inteligencia, que han sido favorecidos por la inacción de las distintas fuerzas políticas y nos hacemos cargo, y que han estado abiertamente en contacto con servicios de Inteligencia extranjeros para oponerse al memorandum firmado con Irán". Ese acuerdo suscripto entre Argentina e Irán fue pensado para "la cooperación judicial en torno a la declaración de los imputados iraníes", recordó Fuentes, y recordó que fue aprobado por el Congreso de la Nación."Es evidente que hay sectores e intereses que no quieren que esto se lleve a cabo", declaró, y expresó la necesidad de "democratizar la justicia" y contar "con un servicio de inteligencia independiente que tenga como objetivo la seguridad nacional y posea independencia de la influencia de otros sectores".El texto de la propuesta girada al Senado el viernes pasado aclara que la reforma de la SI “no se trata sólo de un cambio de nombre”, precisa que establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.